El juez Carlos Gazza dictó la prisión preventiva hasta febrero próximo para el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 de Fray Luis Beltrán, quien enfrenta cargos por corrupción de menores en grado de tentativa y abuso sexual simple.
La decisión llegó tras un proceso judicial iniciado el lunes último, cuando M. R., el acusado, fue detenido en las instalaciones de la escuela ubicada en la provincia de Santa Fe, en medio de un operativo policial que buscó evitar que fuera agredido por familiares de alumnos.
El caso generó un importante despliegue de seguridad, ya que un grupo de padres acudió al establecimiento luego de conocer las denuncias contra el portero. La situación derivó en una causa anexa por los incidentes registrados en el lugar.
Las acusaciones surgen a partir de declaraciones recogidas entre el lunes y el martes, donde se señala que las conductas atribuidas al portero involucraron a alumnos de primaria de entre 11 y 12 años, según informó el portal Rosario3.
De acuerdo con la fiscal Victoria Vigna, el portero de la Escuela República de Colombia N°1085 quedó bajo sospecha por mostrar a seis estudiantes material pornográfico en el ámbito escolar.
Además, la Fiscalía sostiene que el trabajador les había explicado y les había enseñado a realizar y realizarse prácticas sexuales.
El juez Gazza avaló la calificación jurídica de “corrupción de menores”, aunque en grado de tentativa, y dispuso la continuidad de la investigación sin conceder la libertad provisional al imputado.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal imputó a M. R. un hecho de abuso sexual simple en perjuicio de un alumno de 11 años, caso que habría consistido en un “tocamiento”. Según los informes judiciales publicados por el portal de noticias, la víctima proporcionó detalles sobre lo sucedido durante una primera instancia de declaración.
El expediente se encuentra en una etapa inicial. La fiscal Vigna explicó que restan por incorporarse dos elementos probatorios fundamentales: la declaración de los estudiantes en Cámara Gesell y el análisis del teléfono celular secuestrado al acusado.
Durante la audiencia, M. R. negó los cargos ante el juez y pese a ello, la gravedad de las imputaciones y el riesgo procesal fueron argumento suficiente para dictar el alojamiento preventivo hasta el 3 de febrero.
Desde la institución, separaron al portero de sus funciones de forma preventiva, ni bien se conoció la denuncia.
La secretaria de Gestión Territorial de la cartera, Daiana Gallo Ambrosis, declaró que no había denuncias previas contra él. Es un auxiliar que comenzó a trabajar en marzo de este año.
Un psicólogo fue suspendido tras denuncias de acoso y abuso
El Colegio de Psicólogos de Quilmes suspendió durante un año la matrícula de un profesional tras recibir denuncias por conductas indebidas, acoso y abuso sexual en los ámbitos terapéutico y académico. Mientras tanto, el hombre se encuentra bajo investigación de la Justicia.
El acusado, P. B. (M.P. 61853), se desempeñó como docente, terapeuta y supervisor en instituciones privadas y universitarias, además de haber participado en un canal de televisión durante la pandemia de coronavirus.
Las primeras denuncias formales se presentaron a comienzos de 2024 ante el Colegio de Psicólogos de Quilmes. Después de que se difundieran los primeros relatos, un grupo de mujeres creó una cuenta de Instagram para recopilar diferentes testimonios que brindaron detalles sobre las modalidades de acercamiento y contacto del acusado. En dichos relatos se observó la repetición de ciertos patrones: las denunciantes indicaron que P. B. establecía primero relaciones de confianza para luego derivar el vínculo a un plano personal y más tarde sexual.
Una de las publicaciones en esa cuenta, que fue eliminada tras una intervención de P. B. según las propias denunciantes, describía que “la forma de operar de esta persona es sutil, prolija, silenciosa. Atiende población femenina en estado de vulnerabilidad, y de eso se aprovecha para obtener sus beneficios”.
En otro testimonio, se relató que el acusado, en su rol de docente, solicitaba fotos personales a alumnas o hacía comentarios de contenido sexual. Varios testimonios dieron cuenta de situaciones de incomodidad tras comentarios, contacto físico fuera de contexto o derivaciones a conversaciones íntimas por mensajería.
De manera predominante, los casos mencionan relaciones marcadas por una diferencia de poder, ya sea desde la función de docente, terapeuta o jefe en el entorno laboral. Se advirtió que estos comportamientos ocurrieron durante más de una década.
La difusión en redes sociales motivó la llegada de nuevos relatos y consultas de mujeres que atravesaron situaciones similares, aunque muchas manifestaron temor para avanzar con una denuncia formal. Al cierre de la investigación, al menos siete personas realizaron denuncias identificadas ante la entidad, y se estimó que el total de afectadas superaría las quince, considerando ex pacientes, alumnas y terapeutas.
La resolución del Colegio fue emitida en agosto pasado. El Tribunal de Disciplina sostuvo que P.B. vulneró normas éticas fundamentales del Código de Ética bonaerense y de la FePRA, en particular aquellas que prohíben aprovechar la asimetría de poder en la relación terapéutica para establecer vínculos de intimidad o autoridad.
El tribunal precisó que se violaron los artículos relacionados con la ética profesional y decidió imponer la suspensión de la matrícula por un año, subrayando que el profesional ya había recibido una sanción previa.
El expediente administrativo desembocó en la sanción determinada por el Colegio, aunque también existen denuncias penales en trámite en la Unidad Fiscal N°8 de Quilmes. En el fuero penal, las acusaciones refieren a abusos sexuales, un delito de mayor gravedad, y las actuaciones permanecen en curso y bajo secreto de sumario.
