Este fin de semana, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe, el cual buscará transformar el esquema de actuación e investigación respecto de los menores que delinquen en la provincia. Luego de que se reportara un aumento en la participación de adolescentes, la Justicia estará habilitada abrir investigaciones en contra de presuntos sospechosos.
Se trata de una normativa incluida en la Ley N° 14.228, que fue aprobada por la Legislatura santafesina el 30 de noviembre de 2023 y, posteriormente, promulgada el 29 de diciembre de ese año. De esta manera, un año y medio más tarde, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, dispuso la creación de Unidades Fiscales Especializadas dentro de cada una de las cinco Fiscalías Regionales.
Además, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), que funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, bajo la conducción de la fiscal Carla Cerliani.
De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Uferpa tendrá a su cargo la planificación y supervisión de la persecución penal juvenil en la provincia y, de manera excepcional, podrá asumir el litigio de casos particulares. Deberá además articular acciones con las Fiscalías Regionales y garantizar el principio de unidad de la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La Fiscal General sostuvo que la entrada en vigencia del Código representa un cambio sustancial en las funciones del MPA. A partir de ahora, se investigarán delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años, siempre que la conducta imputada prevea una pena mínima de dos años de prisión. También indicó que esta reforma, junto con la implementación del juicio por jurados, completa y adecua el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional.
A diferencia de lo ocurrido en 2014 con la aplicación del sistema acusatorio para mayores, en esta oportunidad la totalidad de la carga de trabajo en trámite de los Juzgados de Primera Instancia de Menores será asumida por el Ministerio Público de la Acusación.
La transición contempla el traspaso de recursos humanos: nueve profesionales de las Asesorías de Menores y Secretarías Penales ocuparán el rol de fiscales en materia juvenil. Más de 60 empleados administrativos del mismo origen se integran también al MPA. Además, se están coordinando gestiones con la Corte Suprema de Justicia para el traslado del personal de servicios.
Sin embargo, hasta que los equipos se consoliden, los fiscales referentes designados por las Fiscalías Regionales actuarán como nexo con Uferpa en la primera etapa. Se adaptó el sistema informático Heimdall para incluir nuevas funcionalidades y módulos, y se diseñó el sistema Clio, que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Menores para consulta permanente y trazabilidad de casos.
La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases institucionales permite darle continuidad a las investigaciones y facilita la toma de decisiones fundadas.
La Escuela de Capacitación impulsó actividades formativas específicas y, actualmente, el personal cursa programas obligatorios sobre la nueva política de persecución penal juvenil. También se organizaron jornadas de trabajo presenciales en Santa Fe y Rosario, y se alquilaron nuevas sedes para prestar servicios, mientras se mantienen operativas las oficinas de los antiguos juzgados de Menores.
En otras ciudades como Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, se utilizarán los actuales edificios de los Juzgados de Menores. En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, las oficinas serán en Centros de Justicia, junto al personal judicial traspasado.
En el marco del debate por la reforma de la Constitución Provincial, Vranicich afirmó que la implementación de esta competencia reafirma la necesidad de definir autonomía funcional y autarquía financiera reales para el MPA.
