Nueve mujeres fueron condenadas a distintas penas de prisión por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, tras quedar probada su responsabilidad en una maniobra de tráfico de estupefacientes que involucró el traslado de 60 kilos de cocaína en un colectivo interurbano. Entre las procesadas se encontraba una adolescente de 17 años, quien también fue declarada responsable pero, por tratarse de una menor de edad, su situación queda supeditada al tratamiento tutelar correspondiente.
El operativo y la posterior investigación surgieron de un control de Gendarmería Nacional realizado en septiembre de 2024, cuando personal de la Sección 28 de Julio del Escuadrón 20, en el kilómetro 46 de la Ruta Nacional N°50 (Orán), advirtió comportamientos sospechosos a bordo de un micro de la empresa San Antonio que cubría el trayecto entre Aguas Blancas y Orán. La causa fue impulsada y llevada a juicio por el fiscal federal Marcos Romero, con asistencia de Rocío Castillo.
La investigación se inició el 4 de septiembre de 2024, cuando gendarmes efectuaban un control rutinario e inspeccionaron el colectivo, que viajaba con 21 pasajeros. Los uniformados detectaron bultos sospechosos ocultos a la altura del abdomen y la cintura en diez pasajeras, lo que los llevó a requisar, en presencia de testigos y personal femenino de la fuerza, a las involucradas.
Los agentes constataron que las mujeres tenían paquetes rectangulares adheridos con cinta a sus cuerpos. Posteriores pericias determinaron que se trataba de 60 kilos de cocaína con una pureza del 82%, equivalentes a cerca de medio millón de dosis potenciales.
La droga fue secuestrada y las pasajeras, con domicilio mayoritario en barrios de Orán —excepto dos oriundas de la capital provincial— fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia federal. Entre ellas, una viajaba con un bebé de nueve meses.
El fiscal federal presentó la imputación formal el 6 de septiembre de 2024 contra nueve de las mujeres, extendiéndola a la adolescente tres días más tarde. La investigación determinó que el grupo se trasladó previamente a Aguas Blancas para buscar la droga, que luego fue transportada organizada y ocultamente hasta Orán.
En la etapa de juicio, surgieron acuerdos parciales entre las defensas y la fiscalía. Las implicadas reconocieron autoría y responsabilidad penal, lo que fue homologado por el tribunal presidido por el juez Domingo Batule, con las vocalías de Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi. Posteriormente, se avanzó en la determinación concreta de las penas.
Según informó la página web de los fiscales, el tribunal valoró la gravedad del hecho, el modo de traslado y la organización colectiva. María Rosa Vaca, Tamara Benítez, Lorena Sixta, Ana Tercero, Tania Liendro y Delia Primero recibieron 6 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Eliana Sixta, con condena previa, fue sentenciada a 7 años y 3 meses, igual pena que Silvana Sixta; mientras que Natalia Vaca, también reincidente, recibió 7 años y 9 meses.
Para Tercero, Primero y Natalia Vaca se dispuso prisión domiciliaria debido a que tienen niños bajo su cuidado, incluyendo un menor con discapacidad. En el caso de Natalia Vaca, la domiciliaria se activará una vez colocada la pulsera electrónica, dado que anteriormente había violado una medida similar.
En la audiencia final, realizada el 5 de junio pasado, el tribunal también dispuso el decomiso de diez teléfonos celulares y la destrucción de la droga incautada.
Durante el debate, la fiscalía resaltó la importancia de entender estas causas bajo perspectiva de género, reconociendo la situación de vulnerabilidad de varias imputadas. Sin embargo, tanto el fiscal como los jueces enfatizaron que tales condiciones no eximen de la responsabilidad penal ni del reproche judicial, de acuerdo con las leyes y tratados internacionales.
El juez Batule remarcó la dimensión del caso, subrayando que “no existe antecedente en el país de una condena a nueve mujeres y una menor declarada responsable en una causa de tráfico de estupefacientes”. También se advirtió sobre la utilización de mujeres en maniobras delictivas por parte de organizaciones criminales, quienes conocen los límites y criterios del sistema en estos contextos.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal probó que las mujeres actuaron de manera articulada: viajaban juntas, sentadas en asientos contiguos, transportando los paquetes del mismo modo y en contacto frecuente por teléfono. La pericia sobre los celulares secuestrados permitió reconstruir la logística y los vínculos familiares del grupo.
Y en su resolución, el tribunal sostuvo que, si bien muchas acusadas reconocen una situación de exclusión social, ello no elimina la gravedad del daño potencial para la salud pública representado por la cantidad y pureza de la sustancia incautada.
