Un año después de que Felicitas Alvite, la joven conocida como “La Toretto” se entregara por haber atropellado y matado a Walter Armand en La Plata, la Justicia la benefició con la prisión domiciliaria y pudo regresar con su familia. Las dos caras de una misma moneda que, de un lado, mostró la felicidad de la acusada, mientras que el otro reflejó la indignación de los familiares de la víctima.
Después de varios intentos por parte de la defensa de la influencer, el Tribunal Oral en lo Criminal II le otorgó el beneficio de la libertad condicional durante las últimas horas del viernes. De esta manera, la imputada por homicidio simple con dolo eventual podrá esperar a la celebración del juicio oral desde la comodidad de su casa.
Luego de que emitieran la orden de traslado, Alvite fue llevada desde el penal de Magdalena hasta su casa, ubicada en la localidad de City Bell. Una vez que se reencontró con sus familiares, sus allegados contaron que “le dedicó como 2 horas a quienes ella llama ‘sus hijos’, que son sus perros”.
“Después estuvo con sus hermanas, su mamá y su papá. Muy emocionada y muy feliz”, revelaron desde el entorno de la acusada al medio platense 0221. Sin embargo, la noticia no tuvo un buen recibimiento por parte de la familia de Walter Armand, quienes mostraron su indignación por el revés judicial.
Previo a que “La Toretto” fuera liberada, los familiares del motociclista ya habían presentado un recurso de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para evitar que fuera aceptado el beneficio procesal.
“No entendemos como con todas las pruebas en su contra tenga beneficios”, reclamó el hermano de la víctima, Milton, al remarcar: “No entendemos como alguien mata y está libre”. Sin embargo, el hombre explicó que no profundizaría en el tema, debido a lo difícil que les resultó afrontar la noticia.
Por este motivo, solo se limitó a expresar que “es como revivir el 12 de abril”, al hacer referencia a la noche en la que fue atropellado Walter en la intersección de las calles 13 y 532. Y cuestionó: “Sabiendo todo lo que mintió, y quiso armar para que saliera impune, da mucho dolor que ella esté en la casa y mi hermano en el cementerio”.
En esa oportunidad, los abogados de la querella, Delfina, Julio, y Fernando Burlando, habían argumentado que la medida vulneraba derechos constitucionales y convencionales, entre ellos, el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Entre los principales puntos del recurso, se destacaron:
- Vulneración del debido proceso legal: Se considera que la decisión del Tribunal de Casación Penal afecta la garantía del debido proceso, al anular resoluciones previas sin justificación suficiente.
- Derecho a ser oído: La familia de la víctima denuncia que no se respetó su derecho a participar activamente en el proceso judicial.
- Tutela judicial efectiva: Se argumenta que la decisión de Casación obstaculiza el acceso a un recurso sencillo y eficaz para proteger los derechos de la víctima.
- Violación de leyes de protección a las víctimas: Se señala que la resolución incumple la Ley Provincial de Víctimas (Ley 15.232) y la Ley Nacional 27.372, que otorgan derechos específicos a las víctimas en los procesos penales.
- Arbitrariedad de la decisión: La querella sostiene que el fallo se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
- Violencia institucional: Se acusa al tribunal de feria que intervino en el caso de actuar sin competencia y de no garantizar la protección de las víctimas.
Luego de que la Justicia rechazara la prisión domiciliaria, Alvite fue enviada desde la Alcaidía de Melchor Romero al penal de Magdalena. Se trató de una orden firmada por el juez del Tribunal en lo Criminal II, Claudio Bernard, en la que señalaba que ya había cumplido el plazo permitido de detenciones en la seccional policial.
