El Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se prepara para desembarcar en los edificios judiciales de Retiro donde opera la justicia federal, papel en mano, para relevar no sólo las necesidades edilicias, sino también la presencialidad de los agentes judiciales, la cantidad de empleados por causas y las necesidades edilicias y de infraestructura. También para estar más cerca y guiar un movimiento judicial que sufrirá varios cambios con la instrumentación del sistema acusatorio.
Por eso todo esta movida -dijeron fuentes judiciales a LA NACION– se realiza de cara al 11 de agosto, cuando el Gobierno anunció que lanzará la puesta en marcha del nuevo código procesal, que le da mas poder a los fiscales por sobre los jueces para la investigación de las causas por corrupción.
En los tribunales la nueva misión es percibida como un intento de las autoridades del Consejo de la Magistratura por tener una presencia más directa en un momento crucial para jueces y fiscales, y monitorear los cambios hacia el sistema acusatorio.
El proceso implica que tanto el fuero federal de Comodoro Py 2002 como el Penal Económico, del edificio vecino de Avenida de los Inmigrantes 1950, comenzarán a funcionar con un mecanismo que requiere reformas edilicias, salas de audiencia para grabar de manera digital las audiencias, pues desparece el expediente escrito y tecnología que no está.
Rosatti visitó a los jueces de la Cámara de Casación y de la Cámara Penal Económico hace dos semanas y empezó esta revisión en Comodoro Py e Inmigrantes.
Un equipo de nueve personas, con técnicos, arquitectos y abogados no solo están revisando el tendido eléctrico, las filtraciones, la provisión de agua o el acceso a firma óptica e internet para alojar las audiencias en la nube, sino que están revisando la cantidad de personal.
Es que el nuevo sistema requiere personal en las fiscalías y no tanto en los juzgados y hoy el coeficiente es inverso. Hay cinco empleados judiciales por cada uno del Ministerio Público Fiscal, advirtieron los fiscales de Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca.
Los fiscales hicieron un sonoro reclamo en una carta dirigida al Procurador Eduardo Casal -pero en realidad por elevación al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona– donde advirtieron -de manera elegante- que sin plata el sistema funcionará “de manera deficiente”. “Va a haber todo lo que piden los fiscales”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia a LA NACION.
Hay juzgados federales superpoblados con 50 personas y fiscalías que no llegan a 10 personas. Por eso se está haciendo este relevamiento donde además se comprobó que hay pocas causas para muchos empleados y hay poca presencialidad para pocas causas.
La ley permite los traslados del Poder Judicial al Ministerio Público solo con audiencia de ambas cabezas y empleados. Hoy no están previstos traslados masivos, explican en tribunales.
Pero sí se dieron casos de empleados que toman licencia sin goce de sueldo en el Poder Judicial y van a trabajar a las fiscalías por un cargo superior. A los dos años, al no poder renovar esas licencias, optan por quedarse en el Ministerio Público.
Una de las herencias de la pandemia fue la desaparición de las tareas presenciales diarias de toda la dotación de los juzgados. Hoy en los pasillos de tribunales no circulan casi empleados, ya que van a trabajar presencialmente días si y otros no. Con los jueces ocurre lo mismo.
En los tribunales orales hay juicios, que se pueden hacer on line, pero los jueces en general asisten diariamente y se conectan desde sus despachos o están en la sala de audiencias. Hoy esta dinámica de funcionamiento está en la mira del Consejo de la Magistratura.
Se están relevando la infraestructura y los recursos humanos. El Ministerio de Justicia sacó de la órbita del Congreso la implementación y la puso a su cargo.
La administración nacional trabaja sin un presupuesto aprobado y con la deuda del Poder Ejecutivo, que tiene 183 pliegos de jueces para elevar al Senado con sendas vacantes sin cubrir. Si se incluye a los fiscales y defensores oficiales las vacantes son mas de 200.
El Consejo de la Magistratura ya hizo estos concursos pero el presidente no eligió aún un candidato de la terna para elevarlo al Senado y nombrarlo juez. En Comodoro Py faltan cuatro jueces de primera instancia, la mitad de los de los tribunales orales y tres de Casación.
En el fuero penal Económico la Cámara tiene cuatro vacantes con solo dos jueces de seis, faltan mas de la mitad de los fiscales de primera instancia y un juez. el presidente Roberto Hornos pidió a Cúneo Libarona suspender el sistema hasta completar las vacantes, pero no tuvo éxito en su solicitud.
El senador radical Maximiliano Abad dijo que el Poder Judicial tiene un “funcionamiento limitado” sin cubrir las vacantes está en riesgo el sistema acusatorio.“Las vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales configuran un problema para la institucionalidad del país”, expresó.
“El otorgamiento de recursos y el acondicionamiento de la infraestructura, que hoy no está perjudica a los argentinos”, sostuvo.
Actualmente se da la paradoja de que no hay presupuesto aprobado y los fondos que debe girar el Gobierno a la Justicia dependen del mismo funcionario: el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, que es representante del Poder del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo presidente de su comisión de Administración y Finanzas.
“Es responsabilidad total y absoluta de Amerio” dicen en los tribunales. En el ministerio prometen que los fondos están.
El Consejo está preparando además un diagnóstico que determine cantidad de causas por personal, en cada juzgado y también haciendo una ratio de presencialidad vs. cantidad de causas en trámite.
El entrecruzamiento de datos empezó el martes de la semana pasada cuando se empezó a relevar información en los edificios judiciales y ahora se avanza con los datos virtuales y de estadística.
