La nena de 12 años perteneciente a la comunidad wichí que cursa un embarazo producto de un abuso sexual en Salta, permanece estable y bajo atención integral, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer el caso. La Justicia provincial a su vez, ordenó la detención del presunto abusador de 19 años.
“Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, señaló la directora de Materno Infancia del Ministerio de Salud provincial, Patricia Leal. En este sentido confirmó que la menor “se encuentra en buen estado de salud”, con controles médicos constantes.
La funcionaria supervisa el operativo interdisciplinario implementado desde la primera consulta, ocurrida luego de la detección durante un operativo en el Centro de Salud del kilómetro 6, cercano a Tartagal, cuando la gestación tenía unas ocho semanas.
Según explicó Leal a El Tribuno la nena nunca asistió sola a las consultas en donde los profesionles de la salud volvieron a asesorarla sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Sin embargo, “ella pidió seguir adelante. Está acompañada por su familia y el equipo local continúa con el control integral”, indicó la directora. En la primera atención, la menor relató que la relación había sido consentida, un dato que se incorporó a la causa y permanece bajo investigación penal, con la intervención a la Secretaría de Niñez y Familia.
“En los dos extremos de la vida, niñas y mujeres mayores de 40 años, hay más propensión a patologías, especialmente la hipertensión en el embarazo. Pero si brindamos cobertura integral y controles frecuentes no debería haber complicaciones, y si aparecen, las vamos a poder resolver”, añadió la funcionaria quien además informó que la nena se encuentra entre las 16 y 20 semanas y ha sido definida como embarazo de alto riesgo. La niña ya recibe suplementación con hierro por un cuadro de anemia y cuenta con análisis clínicos y estudios por imágenes actualizados. Asimismo, el esquema de vacunación está al día y asiste regularmente a los controles agendados en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
En paralelo, la causa penal avanza con la intervención de la Fiscalía Penal de Violencia de Género de Tartagal, que investiga el abuso sexual con acceso carnal. Días atrás la menor fue citada a declarar en la sede judicial mediante un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), sistema previsto para garantizar privacidad y protección, pero malinterpretó la convocatoria y creyó que intentaban obligarla a interrumpir la gestación. Por ese motivo, decidió encadenarse en la Ciudad Judicial de Tartagal, acompañada por su madre y la referente comunitaria Marcela Calermo, en una acción de protesta. Esto demandó la intervención de psicólogos y asistentes judiciales para explicarle el motivo del llamado.
“El encuentro era para que pudiera contar lo sucedido en la investigación”, detallaron fuentes del Ministerio Público. Tras este episodio, la niña prestó declaración, paso indispensable para avanzar en la causa, en la que el Juzgado de Garantías N°2 ordenó la detención del joven de 19 años sindicado como presunto autor del abuso.
Previamente, desde la cartera de Salud, explicaron a la madre de la niña sobre las alternativas contempladas en la ley, aclarando que “existen muchas posibilidades ante un embarazo, tanto continuar con la gestación como también la opción de la interrupción, pero en ningún caso se la obligó a abortar”. La funcionaria aclaró que, ante la decisión de la niña, lo fundamental es acompañar y adaptar el seguimiento sanitario.
A su vez, la directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, Paula Tackzek, señaló que el área garantiza el acceso de la niña y su familia a información legal y sanitaria. “Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley tampoco obliga a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad”, afirmó Tackzek.
