A menos de dos semanas de haber cumplido su condena por el robo de caños del gasoducto en Aguaray, el empresario Adrián Antonio Vera fue formalmente imputado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, por su presunta participación en una maniobra delictiva destinada a introducir estupefacientes en el Complejo Penitenciario Federal III NOA, donde cumplía la pena.
Los cargos que se le atribuyen son los de confabulación para la venta de estupefacientes, en concurso real con cohecho activo, según el sitio fiscales.gob.ar.
La acusación, sostenida también por el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, fue presentada ante el juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, el pasado 29 de mayo, y alcanzó además a otros dos sospechosos: Jazmín Valeria Borruto, pareja de Vera, y el agente penitenciario Gustavo Adolfo Lazo, quien prestaba funciones dentro del penal durante el período investigado.
A Borruto se le imputa el delito de cohecho activo, mientras que Lazo fue acusado por confabulación en concurso real con cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según precisó el fiscal Toranzos, la investigación comenzó el 7 de junio de 2024 a partir de una pesquisa centrada en un interno del penal salteño, en cuya trama también se identificó a su pareja. En el marco de esa investigación se ordenó la intervención de líneas telefónicas, una de las cuales era utilizada desde el interior del penal.
En ese contexto, los investigadores detectaron que una de las personas que usaba ese teléfono era Vera, quien mantenía frecuentes comunicaciones con un abonado que, tras ser identificado, resultó ser el agente penitenciario Lazo.
Las escuchas telefónicas revelaron un entramado que, según la fiscalía, implicaba la coordinación para el ingreso de drogas al penal, a cambio de dinero. En una llamada registrada el 31 de mayo de 2024, Lazo le preguntó a Vera si “había que sacar algo en estos días”. La respuesta del interno fue clara: “Mandé que compre algo para el lunes, eso mándame hoy, así mañana voy a hacer un poco de merca acá por el fin de mes, viste”, según consta en el expediente judicial.
El vínculo entre ambos no se limitaba al intercambio de instrucciones. También surgieron fricciones. El 14 de junio, una nueva conversación dejó al descubierto el reclamo del penitenciario por “servicios extras” no remunerados, mientras que Vera se quejaba del “excesivo fraccionamiento” de la sustancia que debía vender.
La discusión subió de tono cuando el empresario condenado le indicó que el fraccionamiento tenía que hacerse “en tres partes” y que debía realizarlo en su casa. Lazo objetó esa posibilidad argumentando que allí vivían su esposa e hijos, lo que generó nuevos roces.
A lo largo de las intervenciones, se observó también cómo Lazo recibía directivas sobre la entrega de droga que llegaba a Salta desde otras localidades, en algunos casos acompañadas por indicaciones para su ingreso al penal. A cambio, Vera —según la investigación— le habría hecho 32 transferencias de dinero, por un monto total cercano a los siete millones y medio de pesos.
Las operaciones financieras eran canalizadas a través de Jazmín Borruto, cuya participación surgió también de los diálogos mantenidos con el interno, en los que Vera le transmitía instrucciones sobre los pagos.
El fiscal explicó que el objetivo de Vera era monopolizar la venta de droga dentro del penal. En ese sentido, habría exigido a Lazo que no facilitara teléfonos a otros internos, buscando así garantizar un control exclusivo sobre las operaciones delictivas.
En paralelo, surgieron menciones a entregas de vehículos, celulares e incluso un terreno como parte de los “pagos” o compensaciones que se negociaban con el penitenciario.
Ante los indicios recabados, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juez medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, dado el carácter excarcelable de los delitos imputados. Las medidas requeridas incluyeron restricciones de movilidad, prohibición de salida del país, comparecencias periódicas ante autoridades policiales y visitas sorpresivas de control. Además, se solicitó un plazo de investigación de 120 días y autorización para realizar pericias pendientes, entre ellas el análisis de los teléfonos secuestrados.
El juez Bavio hizo lugar a todos los requerimientos formulados por la fiscalía, luego de que las defensas no formularan objeciones. También se convalidaron las detenciones previas y la legalidad de la formalización de la causa.
La otra condena
La causa que ahora complica a Vera se inscribe en un nuevo expediente, independiente del proceso anterior por el que fue condenado el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta a tres años y ocho meses de prisión.
Esa sentencia lo declaró culpable de robo agravado en despoblado y en banda, en concurso con uso de documento falso, por su rol en el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), una causa que también alcanzó a otros empresarios y al exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado.
El 17 de mayo pasado, Vera había cumplido esa pena. Pero doce días más tarde, la justicia federal volvió a ponerlo en el centro de otra causa. Esta vez, por hechos ocurridos mientras aún estaba tras las rejas.
