El derrumbe parcial del edificio “María Reina V” en boulevard San Juan al 600, ocurrido el 17 de mayo pasado en la ciudad de Córdoba, marcó un antes y un después en la vida de sus residentes y sacudió a la comunidad. Casi un mes después, comienza la demolición de lo que quedó de la estructura.
El hecho, que produjo la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, dejó a otras siete personas con heridas y provocó destrucción tanto en el propio inmueble como en viviendas y vehículos ubicados en esa transitada arteria de la capital cordobesa.
Ya transcurrieron más de tres semanas desde aquel episodio, caracterizado por el desmoronamiento inesperado de la pared lateral con revestimiento de ladrillos del edificio, y la zona todavía mantiene el recuerdo palpable de la tragedia. “Todavía duele y asusta mirar hacia arriba”, dice uno de los vecinos del barrio, quien tampoco ha podido retirar su vehículo, atrapado bajo los escombros desde ese día.
Según informó el portal del Diario La Voz, el viernes pasado la Municipalidad de Córdoba dio el visto bueno al plan de higiene y seguridad presentado por la empresa Brasca Demoliciones, habilitando el avance de los trabajos para retirar los restos que aún ponen en riesgo a los habitantes y transeúntes. Es por eso que desde este lunes, personal especializado realizará la delicada tarea de demoler, tramo a tramo, el revestimiento lateral restante. El objetivo: evitar una posible repetición del desastre.
El arranque de la demolición estuvo precedido por las acciones necesarias para retirar un vehículo que permanecía bajo los restos del muro, justo frente a la vivienda más afectada por la caída de los ladrillos. Este operativo busca despejar la zona para que ingenieros y operarios analicen cuál es la mejor forma de desmontar los dos tramos de revestimiento que todavía están adheridos: uno superior y uno inferior.
De acuerdo con voceros de la empresa, ambos sectores serán removidos de manera manual. Utilizarán grúas de grandes dimensiones y todo el personal contará con los equipos y protocolos de seguridad regulados para este tipo de tareas urbanas de alto riesgo. Las autoridades municipales remarcaron que se priorizará la seguridad de los obreros en cada fase.
Durante la operación, se solicitó a los residentes de los departamentos con vista al sector lateral del edificio siniestrado que se muden temporalmente. La medida busca evitar cualquier riesgo adicional hasta que culminen las labores, estimadas en un plazo de entre 15 y 30 días. Mientras tanto, tanto el tránsito vehicular como la circulación peatonal sobre el bulevar San Juan, a la altura del 600, permanecerán completamente cortados.
Aunque hasta ahora no se difundieron cifras oficiales, diferentes estimaciones resaltan que los gastos vinculados a la demolición controlada superarán los $300 millones y deberán ser afrontados por el consorcio de propietarios del “María Reina V”.
Ante esta situación, varios de ellos ya se conectaron con entidades bancarias para gestionar créditos que les permitan hacer frente a las erogaciones. Se trata de una pesada carga adicional para quienes todavía buscan recuperarse emocional y patrimonialmente del impacto del derrumbe.
La Fiscalía de Instrucción N° 10, la Policía Judicial y personal de la Municipalidad desarrollan una supervisión constante sobre el ritmo y metodología de los trabajos.
Los escombros que sean retirados tendrán un destino específico, ya que parte de ese material podría utilizarse como prueba en la causa abierta por el derrumbe, cuyo avance busca determinar responsabilidades civiles y penales.
El expediente judicial, abierto de oficio poco después de la tragedia, apunta a esclarecer, entre otros puntos, si existieron actos de negligencia en el mantenimiento del edificio. Los expertos buscan desentrañar, a partir de peritajes edilicios y testimonios, si hubo señales previas de deterioro o alertas no atendidas por parte de la administración, lo que habría facilitado el inesperado colapso del muro lateral.
