Un hombre de 41 años fue detenido por la Policía de Chaco, luego de que fuera acusado de haber rociado con nafta y prendido fuego a su pareja en la vivienda que compartían juntos. Después de que el hecho fuera denunciado, la mujer fue trasladada de urgencia hacia el hospital local.
El hecho ocurrió cerca de las 21 horas en una vivienda ubicada en la calle Vedia al 3000, en el barrio Primero de Septiembre. Un llamado al 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar, los efectivos detuvieron al presunto agresor, quien también presentaba quemaduras en las manos y los pies, lesiones aparentemente relacionadas con el mismo ataque.
Fuentes policiales aseguraron que fueron vecinos quienes trasladaron de urgencia a la víctima hasta el Hospital Perrando, situado en Resistencia. Allí, el personal médico constató que la mujer tenía quemaduras en las extremidades superiores e inferiores.
De acuerdo a la información publicada por Diario Norte, la víctima permanecería consciente y estable, y según alegaron los primeros testimonios, habría acusado a su pareja de haberla rociado con combustible y prenderla fuego. Sin embargo, no se determinó en qué circunstancias se produjo el ataque.
Por disposición de la fiscalía de turno, se inició una investigación por supuesta tentativa de femicidio, en contra de la pareja de la víctima. En el lugar del ataque trabajaron integrantes del Gabinete Científico y la División Bomberos, que realizaron las pericias correspondientes y secuestraron elementos clave como una botella con combustible y las prendas de la víctima.
Por el momento, las autoridades continuarían en el proceso de recabar pruebas para avanzar con la causa y brindaron asistencia a la familia de la mujer, que permanece en estado de shock tras el episodio. Asimismo, el detenido quedó a disposición de la justicia.
La encontraron muerta en su departamento e imputaron a su ex por instigación al suicidio
Luciana Torres, de 35 años, madre de dos hijos y vecina del centro de Santiago del Estero, fue hallada muerta el 30 de diciembre en el baño de su departamento. La escena incluyó una cuerda atada a la perilla del toallero. Desde entonces, la investigación de su muerte expuso contradicciones entre peritajes, demoras en pruebas clave, dudas en la calificación del hecho y controversia creciente entre la fiscalía y la familia.
La fiscal Celia Mussi tomó semanas más tarde la decisión de imputar formalmente a Joaquín Cesca, ex pareja de Torres, bajo la figura de instigación al suicidio. La imputación surgió a partir de conversaciones extraídas del teléfono de Cesca y de testimonios que, según la fiscalía, evidenciarían episodios de violencia psicológica.
El propio abogado defensor de Cesca, Guillermo Ruiz Alvelda, lo hizo público y aseguró que el planteo se sostiene en mensajes previos al hecho. Además de la ex pareja, la fiscalía también imputó al médico forense Julián Canllo por presunto falso testimonio y a la psicóloga de Luciana, Carolina Ruzo, por omisión de auxilio, según la información obtenida por El Litoral.
Cesca negó los cargos al declarar ante la fiscal y el juez Fernando Paradelo. Aseguró que jamás ejerció violencia y que, por el contrario, intentó contener a Luciana y persuadirla la noche anterior a su muerte para no dejarla sola.
Según el abogado Ruiz Alvelda, Luciana expresó ideas suicidas y reclamó que su ex pareja no se quedara esa noche. Relató que la acompañó hasta la salida del edificio y allí se separaron. El defensor agregó que Torres atravesaba un cuadro depresivo y consumía clonazepam, circunstancia conocida por la familia.
Sin embargo, los familiares descartan la hipótesis de suicidio, tras denunciar irregularidades iniciales en la investigación y exigieron que la causa se considere como un presunto femicidio. Por este motivo, el abogado querellante, Sebastián Robles, anunció que pedirá el apartamiento de la fiscal Mussi por considerar que la causa carece de sustento firme para catalogar la muerte como suicidio.
Durante una entrevista para Radio Panorama, Robles advirtió que la fiscalía eludió la reconstrucción del hecho solicitada a Gendarmería Nacional y reclamó que hasta ahora no se concretó. Además, mencionó irregularidades en las cámaras de seguridad del edificio del acusado, en donde detectaron saltos en las grabaciones durante la madrugada en que ocurrió la muerte.
El caso permaneció bajo secreto de sumario más de dos meses. En el expediente figuran dos autopsias: la última, practicada en febrero. De los cuatro peritos que intervinieron, tres dictaminaron como causa de muerte un estrangulamiento. El cuarto perito avaló la hipótesis de ahorcamiento.
Los análisis de ADN realizados posteriormente detectaron rastros genéticos masculinos en una copa y otros objetos personales, compatibles con Cesca. La fiscal Mussi consideró que estos resultados no constituían prueba suficiente para una acusación por homicidio.
Mientras la causa sigue, la familia refuerza su reclamo en las calles con nuevas marchas para exigir justicia. “No queremos que sigan investigando si fue un suicidio. Ya aportamos pruebas de que no fue así. Queremos saber quién mató a mi hija”, expresó uno de sus familiares.
