El gobierno nacional convocó a un encuentro con los médicos residentes del Hospital Garrahan, donde escala el conflicto por los paupérrimos salarios que recibe el personal de salud y administrativo del centro de salud para niños. Por ahora no ofrecieron mejoras salariales significativas y planean aplicar un plus por productividad, cuyos detalles están por verse.
Según aseguran en la Nación, no hay un problema de erogaciones o presupuestario, sino de eficiencia del gasto. Acusan a los gremios y administrativos de quedarse irregularmente con fondos que deberían ir destinados al personal de salud o esencial sanitario. Como ejemplo, altas fuentes de Salud aseguraron que el crédito inicial en concepto de gastos corrientes y capitales aumentó un 241% a lo largo de 2025 -según registros oficiales, de 48 millones a 165 millones-. Sin embargo, los sueldos de los médicos, sean o no residentes, son cada vez peores y los profesionales hablan de una pérdida adquisitiva del 40 por ciento.
El estallido del conflicto de los residentes, desde la semana pasada, empeoró una situación ya caótica en el prestigioso centro de salud.
Los médicos venían aplicando manifestaciones y medidas en reclamo por salarios, pero, por la conciliación obligatoria, debieron suspender una medida prevista para hoy. Y la decisión de tomar medidas de fuerza de paro de los profesionales que se están formando vació aún más un hospital, que -como la mayoría en el país- se apoya irregularmente en esa porción del personal que está en proceso de preparación de la especialidad para su funcionamiento.
El encuentro entre autoridades del Consejo Directivo del Garrahan -que tiene un 80 por ciento de responsabilidad la Nación y un 20 la Ciudad de Buenos Aires- y los residentes en la cartera de salud tuvo lugar este mediodía, a pedido de los residentes que protestan por las condiciones de trabajo y los magros ingresos, inferiores a la línea de pobreza. Fue un primer contacto -las autoridades de Salud mostraron predisposición recién hoy para encontrarse a discutir- pero por ahora no hubo propuestas concretas.
Si bien en Salud reconocen que hay un déficit grave en los ingresos del personal en el Garrahan, relativizan insistentemente el conflicto al poner el foco, una y otra vez, en conversaciones públicas como privadas, que está “fogoneado” por los gremios “que no quieren perder sus privilegios”.
“Puede ser que haya gente que quiera mantener sus beneficios, pero eso no quita que estemos ganando miserias y que el hospital se esté vaciando”, les respondió un médico pediatra, que no está agremiado y gana un millón 800 mil pesos luego de 15 años de estudios y más de dos décadas de experiencia.
El Gobierno alega que ya implementó algunos cambios para mejorar los ingresos: la suba por tareas de alta complejidad (que aplican a todo el personal sanitario y representa un 15 por ciento). Y el aumento de la hora de guardia (a 8000 pesos). Según adelantaron, tienen planeado, para recomponer salarios, implementar un plus salarial “por productividad”. No dijeron cuándo lo aplicarían, ni de qué manera. Pero a priori esta idea cayó mal en el staff permanente. “Estamos acá siempre, las 8 horas, de 8 a 16, trabajamos a destajo porque es nuestra vocación, pero no hay suficiente personal″, dijo un médico que tiene dos especialidades y teme que el hospital “siga desgranándose” por las condiciones de trabajo.
En la Nación aseguran que no hubo salidas de profesionales que no hayan sido repuestas, pero en los pasillos del hospital aseguran que cada vez son menos y que los reemplazos no alcanzan a saldar las fugas. “Además, es gente que no vuelve después. Y no es fácil encontrar especialistas que tengan este nivel de especialización, se tarda años en formarlos”, dijo un profesional.
Un alto funcionario que responde al ministro Mario Lugones -muy cercano al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo- aseguró que no darán el brazo a torcer con la aplicación del sistema biométrico para el ingreso de trabajadores, y que no sólo aplicarán a los administrativos sino a los médicos, enfermeros, camilleros y el resto del personal de sanidad, para medir si cumplen o no con las horas semanales estipuladas en sus contratos.
Según dijeron en Salud, no descartan echar al personal sanitario que no respete. “Esto es para todos”, dijo un funcionario. Pero insistió en que la idea de fondo es recortar al personal administrativo excesivo, que no sea útil o no trabaje. “No vamos a cuidar ñoquis”, dijeron. Uno de los argumentos principales del Gobierno es que la cantidad de administrativos (aseguran que son 953) duplica la de médicos de planta (dicen que son 478).
En Salud no temen que estas medidas desalienten la participación en el sector público de los médicos, a pesar de que es una realidad que la mayoría cumplen tareas en paralelo en centros de salud privados para completar los escasos ingresos que ofrece el sistema público. Y de que muchos residentes que se forman en hospitales públicos trabajan mayoritariamente, e incluso exclusivamente, en el ámbito privado.
“Por ahora no tenemos un problema de deserción”, juraron las autoridades. Los médicos plantean lo contrario: en los distintos hospitales nacionales -pero también porteños, que son la mayoría- indican que la planta de profesionales de la salud se reduce crecientemente.
