En una larga audiencia que se llevó a cabo en la tarde de este martes en los tribunales federales de Rosario, fiscales imputaron al financista Fernando Whpei (61). Lo acusan de haber participado de manera coordinada junto con el juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la AFIP Rosario Carlos Vaudagna en el armado de una causa a un empresario del rubro seguros con el único objetivo de extorsionarlo para sacarle dinero.
Además, se le atribuyó haber recibido una suma multimillonaria de parte del magistrado federal, que había decidido intervenir la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y destinarle sus fondos a la mutual de Whpei en lugar de girarla a una entidad regulada por el Banco Central.
Los fiscales habían pedido 6 meses de prisión preventiva para Whpei y el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz resolvió aceptar la solicitud, pero por 90 días, más allá de que el empresario había solicitado la domiciliaria para cuidar de uno de sus hijos que padece una patología. Así, el financista quedó preso tras la audiencia imputativa y era trasladado al cierre de esta nota a las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario.
Antes de eso, el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procelac, afirmó que Whpei actuó “de manera coordinada” desde 2019 hasta noviembre de 2024 junto con Bailaque y Vaudagna en “iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, administrativas y judiciales” contra el empresario Claudio I., que estaba por ser nombrado como presidente del directorio de una conocida firma de seguros.
Según agregó Argibay Molina, ese accionar fue “con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.
“En el marco de una relación de confianza y del trato social habitual, Bailaque, Vaudagna y Whpei orquestaron una causa penal a Claudio I. para dañar su imagen y de esa manera perturbar el ejercicio de cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristóbal», sostuvo el fiscal.
Y detalló: “La estrategia consistía en fingir la recepción de una denuncia anónima ante la ex AFIP para que fuera judicializada rápidamente en el juzgado federal de Bailaque”.
El fiscal reprodujo un tramo de la declaración como “arrepentido” de Vaudagna ante la Justicia federal y de otras judiciales, que dieron cuenta de que Claudio I. había entregado en distintos encuentros unos 160 mil dólares a Whpei para que la investigación en su contra sea archivada, ya que el financista, supuestamente, se jactaba de ser amigo del magistrado, sobre quien tenía, aparentemente, poder de influencia en su toma de decisiones.
Por otra parte, el fiscal Federico Reynares Solari –de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario– imputó al financista por otra carpeta judicial. Ese expediente está relacionado con la actuación del juez Bailaque en la causa donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, en favor de una financiera cuyo titular es Whpei, amigo personal del magistrado, según los elementos citados en la audiencia.
El fiscal hizo un recorrido histórico y recordó que Bailaque firmó un decreto el 10 de septiembre de 2020 donde le hizo saber a las partes la radicación de la causa en su juzgado. El mismo día, dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que se registraban en las entidades bancarias pertenecientes a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.
A su vez, el 11 de febrero del 2021 mantuvo la intervención de la cooperativa y rechazó el pedido de constitución como querellantes de sus trabajadores. En su argumentación, mencionó que no se encontraba afectado en cuanto a la imparcialidad para intervenir en la causa. A los pocos días, firmó un decreto por el cual rechazó el planteo de revocatoria presentado por los asociados, quienes manifestaron su disconformidad con la prórroga de la intervención.
Reynares Solari subrayó que los recusantes sostenían que Whpei contactó a los asociados de la cooperativa para destrabar el conflicto de la intervención al indicar que tenía una muy buena relación con Bailaque.
En ese marco, el interventor solicitó al juzgado que se liberen los fondos inmovilizados de la cooperativa. Ya en diciembre de 2020, Bailaque dispuso la autorización para liberar, primero 150 millones de pesos y luego, en abril de 2021, otros mil millones, a los fines de operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente es Fernando Whpei.
Al analizar los resultados de la decisión financiera de liberar los fondos de la cooperativa para que se depositen en la mutual Grupo Unión S.A., el fiscal se refirió a “un desvío de poder” y afirmó: “Que no haya habido un perjuicio para la cooperativa, no quiere decir que no hubiera un beneficio para la mutual”.
