Un gendarme fue condenado en Salta a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por exigirle una coima a un ciudadano boliviano que intentaba cruzar tres televisores por un paso fronterizo clandestino.
El hecho ocurrió el 23 de agosto de 2023 en una zona conocida como “Los Gomones”. Se trata de un paso no habilitado que conecta la localidad salteña de Aguas Blancas con la ciudad boliviana de Bermejo.
Alrededor de las 14:30, mientras realizaban un patrullaje en esa zona fronteriza, efectivos del Escuadrón 20 de la Gendarmería advirtieron que el Destacamento Móvil 5 estaba efectuando un control a dos personas con un carro. Al notar la presencia del móvil oficial, esos gendarmes se retiraron.
Tras ese episodio, los integrantes del Escuadrón 20 se acercaron a uno de los hombres, de nacionalidad boliviana, que permanecía junto al carro. El ciudadano les explicó que ya había entregado 7.000 pesos en efectivo para poder cruzar.
En ese momento, los gendarmes le aclararon que ningún miembro de la fuerza estaba autorizado a recibir dinero, por lo que el hombre decidió radicar una denuncia.
De acuerdo con su relato, esa mañana había comprado los televisores en un supermercado de la ciudad salteña de Orán y los había llevado hasta la localidad de Aguas Blancas, donde contrató a una persona para que le cargara la mercadería en un carro para cruzar hacia Bolivia.
El denunciante indicó que, cuando se dirigía hacia su país, fue interceptado por Julio Alberto Sivila, quien le exigió la factura de los productos. Él exhibió la boleta digital, pero el gendarme demandó una empresa y, finalmente, pidió una coima para dejarlo pasar.
Explicó que sacó los 7.000 pesos que tenía encima y se los entregó por temor a que le sacara los televisores.
La investigación logró determinar que la fuente de ingresos declarada por el gendarme de 38 años no alcanzaba para “justificar los bienes adquiridos” ni “mantener su nivel de vida”. Al momento del delito, pertenecía al Destacamento “Móvil 5” de la fuerza federal, compuesto con personal de la provincia de Santiago del Estero.
En un principio, también se investigó a otros dos efectivos, pero la Fiscalía a cargo de la causa solicitó su sobreseimiento por falta de pruebas. Finalmente, Sivila llegó a juicio como único imputado.
La condena estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N°1. El fallo, por unanimidad, contó con los votos de Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y Mario Marcelo Juárez Almaraz.
La audiencia del 24 de abril pasado declaró a Sivila responsable de “exacciones ilegales en calidad de autor”. En tanto, el último jueves se impuso la pena de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial.
También se determinaron algunas reglas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado del patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, entre otras.
Más controles
En diciembre del año pasado, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó el Plan Güemes. Su objetivo es el combate contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte, a través del control y las capacidades de análisis criminal.
Además del despliegue de fuerzas federales y la estrategia de abordaje entre estas, fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan también implica el fortalecimiento de la vigilancia en pasos limítrofes.
“En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, destacaron en un comunicado desde el Ministerio de Seguridad Nacional.
Según detalló el gobierno salteño, el cerco, de 200 metros, que va desde la terminal de colectivos hasta la Oficina de Migraciones; fue diseñado con tres puertas de acceso para el uso de fuerzas de seguridad y tres hilos de alambre de púas.
