En un contexto de crecientes amenazas contra jueces y fiscales en Colombia, la Corte Suprema de Justicia lanzó un mensaje contundente, todos los actos de violencia sexual contra mujeres deben ser investigados a fondo y con rigor. Así lo ordenó la Sala Penal del alto tribunal mediante una sentencia de 52 páginas que no solo resuelve un caso concreto, también plantea una alerta institucional sobre la falta de acción en delitos de esta índole.
La decisión surge en paralelo a la creciente preocupación por la seguridad de funcionarios judiciales. Desde el Consejo Superior de la Judicatura, su presidente, Jorge Enrique Vallejo, denunció que fiscales y jueces están siendo intimidados por grupos armados ilegales. “Se deben proteger a jueces y fiscales que están siendo amenazados en los últimos días”, señaló Vallejo, haciendo referencia directa al caso más reciente en Valledupar. Allí, varios operadores judiciales fueron objeto de amenazas tras la circulación de un panfleto, supuestamente firmado por integrantes del Clan del Golfo, exigiendo la liberación de dos de sus miembros procesados por la Fiscalía Seccional.
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En este panorama tenso y de presión, la sentencia de la Corte cobra aún más relevancia. El documento cita un caso que ocurrió en Bogotá como ejemplo de cómo la justicia no siempre responde de forma completa frente a la violencia sexual. La historia comienza el 8 de abril de 2011, cuando José Ángel Ruiz Velasco abordó a una mujer por la espalda, le cubrió la boca con las manos impregnadas, aparentemente, con una sustancia de olor similar al alcohol. Esta sustancia le provocó la pérdida de conocimiento y luego fue llevada a la casa del agresor, donde ocurrió el abuso sexual.
Aunque se trató de una doble agresión, el proceso judicial solo imputó uno de los delitos al victimario. “José Ángel Ruiz Velasco fue imputado por la Fiscalía General de la Nación el pasado 28 de agosto de 2014 por el delito de acceso carnal violento, y fue acusado el 16 de diciembre de ese mismo año”. Sin embargo, el proceso tomó un giro, en agosto de 2019, Ruiz fue absuelto. Solo meses después, el delegado de la Fiscalía decidió apelar la decisión, insistiendo en una condena por el delito de acceso carnal violento.
Tras la apelación, el caso fue revisado por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, que finalmente revocó la absolución. “El 3 de septiembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá resolvió sentencia que absolvía a Ruiz y fue condenado a 96 meses de prisión”.
Pero lo que realmente resalta en la sentencia es la crítica del alto tribunal a la falta de una visión integral de la violencia sexual en el sistema judicial. No basta con condenar un solo delito si hay indicios claros de que hubo más agresiones. La Corte pidió a los jueces y fiscales no omitir elementos cruciales que podrían revelar un patrón sistemático de violencia. En palabras de la Sala Penal, este caso sirve como “un llamado para que se investiguen todos los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres”.
Esta exigencia hace parte de una realidad aún preocupante, muchas víctimas no obtienen justicia completa, y algunos delitos quedan impunes o mal tipificados. La Corte recuerda que la violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos y que el Estado colombiano está obligado a garantizar justicia con enfoque de género, como lo establecen los estándares internacionales.
Mientras tanto, el país enfrenta el desafío de garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes administran justicia. La amenaza en Valledupar no es un hecho aislado, y las advertencias de las autoridades judiciales apuntan a una escalada preocupante de intimidaciones. En este entorno, las decisiones como la de la Corte Suprema no solo envían un mensaje legal, también ético de que el acceso a la justicia para las mujeres debe ser integral, sin miedo, sin omisiones y con toda la fuerza del Estado.
