Los fiscales federales de todo el país salieron a dar un fuerte apoyo al procurador general interino Eduardo Casal en su reclamo de mayores fondos al gobierno nacional para poner en marcha el nuevo sistema procesal penal que les da mas poder en las investigaciones.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) señaló que “acompaña los reclamos presupuestarios del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal.
“Estamos en pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país”, señaló el documento que lleva la firma del presidente Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta y Alberto Gentili, secretario.
“Exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
Advirtieron los fiscales que “es inconcebible la independencia de la función judicial, y en particular del Ministerio Público Fiscal” si se mantiene “un presupuesto insuficiente para desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente”.
Dijeron que debieron darle intervención a la Procuración en la determinación de los recursos necesarios para el nuevo sistema acusatorio y “mucho más, en algún recorte o disminución de las asignaciones presupuestarias que ponga en riesgo el acceso a una respuesta rápida y de calidad de los reclamos de los justiciables”.
Los fiscales apoyan la extensión del sistema acusatorio a todo el país porque ayudará a mejorar el servicio de justicia, “que sea eficiente, transparente y ágil, supere los estándares del tratamientos de los casos de flagrancia; y disminuya los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción”.
Dijeron los fiscales que su entusiasmo no debe confundirse con su renuncia al reclamo de recursos humanos y técnicos para poner en marcha el nuevo Código.
“La vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso, aún más, de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo que las instituciones oficiales comprometidas (la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación) coordinen, las acciones urgentes y mínimas, con medios que ya eran escasos, para asegurar su funcionamiento en más de nueve provincias”, señalaron.
Dijeron que celebran que Casal s reuniera con los fiscales de todas las instancias, federales y nacionales y en todas las jurisdicciones, en especial a aquellos que van a desarrollar la funciones de “fiscal del caso”, para mejorar el diseño de estas nuevas instituciones,
“exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, dijeron.
El Gobierno puso en marcha en 11 provincias el sistema acusatorio, donde desaparece el expediente de papel, y todo se resuelve en audiencias donde el fiscal acusa, la defensa plantea sus argumentos, y el juez decide en el momento.
A partir del 11 de agosto arrancará en Comodoro Py 2002, pero hay quejas por la falta de recursos y de personal para realizar esta transformación.
